Los empleados del servicio de combis aseguran que los dueños vendieron la flota de camionetas y no les pagaron los sueldos desde el inicio de la pandemia. La empresa dice que es una situación temporaria.
Los 25 empleados se turnan para ir a la puerta de la empresa, sobre la calle Timbúes del centro de Castelar para ver si algún responsable se acerca a ellos para dialogar. Desde ese lugar salían los servicios diarios a la Ciudad de Buenos Aires que muchos vecinos de la zona utilizaban para ir a sus trabajos.
El delegado Maximiliano Santacroce contó a FM En Tránsito que la empresa vendió toda su flota de camionetas y el bus que tenían para prestar el servicio: “Nos deben los aportes de un año y los sueldos de toda la cuarentena, sólo cobramos en abril el aporte del Estado”.
También señaló que lo que quieren es que les paguen los años trabajados allí, ya que con la situación actual sienten que fueron despedidos. “Hay gente que trabaja hace 14 años, no les queremos regalar eso, merecemos lo que nos deben”, aseguró.
La empresa, propiedad de Alberto Álvarez y María Elena Ausa, difundió un comunicado en redes sociales en el que aseguró que a pesar de tener autorización para funcionar la mayor parte de sus clientes están trabajando desde su hogar. “Los altos costos que insumen prestar los servicios, la nula a escasa demanda y el riesgo de exposición total de nuestro personal hace que sea inviable el servicio”, sentenciaron.
También señalaba allí que mantuvieron una reunión con los empleados en donde les ofrecieron dividir las ganancias de manera equitativa entre dueños y trabajadores, pero que fracasó porque el personal quería cobrar los sueldos adeudados.
Sin embargo, en los comentarios de la publicación, la empresa aseguró que es mentira lo que denuncian los empleados, a pesar de admitir la deuda en el comunicado, y que todo es parte de un conflicto iniciado por los trabajadores, que “no miden la destrucción a la que llevan“.
